Acuerdos incumplidos al agro
Aurelio Suárez Montoya, Bogotá,
Publicado en el diario El Tiempo, julio 12 de 2013
Columnistas
como Gabriel Silva atribuyen la inconformidad de considerables sectores del
agro a razones ajenas a la economía rural, como el “peligroso oportunismo” de
“organizaciones patronales rurales”, a “agitadores de cuello blanco”, y hasta
“terroristas”. Él, como otros, no repara en el incumplimiento oficial con los
acuerdos firmados hace meses, reacciona por instinto. Para informarlos, vale un
recuento de las violaciones a la palabra empeñada (Vea aquí los acuerdos). El
acuerdo cafetero del 8 de marzo del 2013 dice: “El Gobierno Nacional se
compromete a crear el mecanismo que garantice el pago total del PIC –Protección
del Ingreso al Caficultor– en el momento de la venta del café”; y, agregaba
que, “diseñará en el término de dos meses un nuevo sistema de pagos con su
debida transición”. Después de transcurrido el doble del tiempo, los resultados
contrarían lo firmado. En Antioquia, de 92.000 caficultores, apenas 42.000 han
recibido subsidio; en Nariño de 37.000, solo el 25 por ciento; en Huila, de
80.000, casi 55.000; en Caldas, de 35.000, no llegan a 23.000 y, en el Cauca,
de 95.000, no alcanza al 40 por ciento.
Con relación a los
alivios crediticios y la normalización de cartera, la propia propaganda oficial
avisa que 9.000 préstamos se han rediseñado de 220.000 potenciales. Esto porque
se fuerza a refinanciaciones, con intereses sobre intereses, pretermitiendo la
reprogramación convenida con tasa diferencial. Ni la mesa “que discuta
reducción de precios de agroinsumos”, ni la de los impactos de los títulos
mineros sobre territorio del café, ni otra “sobre importaciones”, se han
convocado y, entre tanto, se suscriben acuerdos como Alianza Pacífico, con
competidores directos como Perú y México.
A arroceros y
cacaoteros les ha ido peor. A los primeros, de un precio ofrecido de $110.000
por carga (cosecha Llanos) se les paga, imponiendo una tabla de castigo,
$97.000 y, los segundos reciben $3.500/kilo, al no ejecutarse las subvenciones
del orden nacional y regional, que, como en Santander, deberían tener el precio
en $4.700. En ambos casos, otras mesas acordadas, relativas a procesos de valor
agregado e importaciones, tampoco se han reunido. Respecto al crédito, el
mensaje para el arroz es “vendan y paguen deudas” y, en cuanto al asociativo,
muy común en el cacao, ya corren procesos jurídicos. A los paperos, también
damnificados, no les han entregado ni un peso de los $40.000 millones
prometidos.
De otra parte, nuevos
sectores se manifiestan. Los lecheros ven dramáticas caídas del precio por
litro al límite de $500, ante el diluvio de derivados lácteos, leche en polvo y
lactosuero, acercándose su desaparición cuando aterricen los productos de
Europa y Nueva Zelanda. Los paneleros, a quienes no se les honran compromisos
contraídos desde el 2009, son el yunque del martillazo de más 300.000 toneladas
de azúcar importadas al año. En la misma fila, desesperados, están
hortifruticultores y maiceros.
Este balance, radiografía
de un gobierno incumplidor, desmiente que el malestar agrario sea
“aprovechamiento de la tolerancia y el diálogo”, diálogo desvirtuado ante tanto
“faltoneo”. El problema se gestó hace rato, desde cuando se soltó la rienda al
potro desenfrenado del libre comercio o cuando se envejecieron los cafetales
por falta de programas de renovación, o cuando se recetaba como elixir,
“comprar Starbucks”. ¡Antes no estamos peor!
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